Un mercado regulado, competitivo y responsable

1. El punto de partida: regular la actividad real

La actividad digital no desaparece cuando una norma la prohíbe. Cambia de canal, de jurisdicción o de medio de pago. Por eso, la primera obligación de una política responsable es describir el mercado que existe: quién ofrece el servicio, desde dónde, a qué usuarios, con qué sistemas de pago y qué mecanismos de reclamación están disponibles. Una regulación diseñada sobre supuestos incompletos puede elevar el coste de cumplimiento para operadores visibles mientras deja intacta la oferta opaca.

Nuestra propuesta parte de un registro público de operadores, titulares reales, dominios autorizados, proveedores críticos y sanciones firmes. La información debe poder consultarse sin crear una cuenta y debe conservar historial. El objetivo no es legitimar cualquier actividad, sino hacer identificables a quienes aceptan obligaciones y separar con claridad la oferta autorizada de la que evade controles.

2. Licencias proporcionales y acceso competitivo

Una licencia eficaz verifica capacidad financiera, integridad de administradores, controles técnicos, solvencia para pagar premios y atención al usuario. No debería funcionar como una subasta de escasez artificial. Tasas de entrada desproporcionadas, cupos cerrados o requisitos que solo una empresa dominante puede cumplir reducen competencia sin demostrar una mejora equivalente en seguridad.

Proponemos requisitos escalonados según volumen, productos y riesgo. Las obligaciones esenciales —segregación de fondos, auditoría, seguridad, verificación de edad y prevención de lavado— no se negocian. Lo proporcional es la intensidad de reportes, garantías y pruebas. La autoridad debe publicar plazos, criterios de rechazo y vías de recurso para reducir discrecionalidad.

• Registro público de licencias, marcas y dominios.
• Criterios técnicos publicados antes de abrir solicitudes.
• Garantías vinculadas a exposición real, no a cifras arbitrarias.
• Proceso de salida ordenada que proteja saldos y reclamaciones.

3. Privacidad y AML/CFT basados en riesgo

Identificar riesgos no exige recolectar todos los datos posibles de todas las personas. La acumulación indiscriminada aumenta el daño potencial de una filtración y puede excluir a usuarios legítimos. Un enfoque basado en riesgo define umbrales, señales de alerta, conservación limitada y revisión humana. También explica al usuario por qué se solicita información, durante cuánto tiempo se conserva y cómo puede corregir errores.

Los pagos con criptoactivos requieren trazabilidad compatible con garantías. La analítica de blockchain puede apoyar investigaciones, pero una puntuación automatizada no debe convertirse en prueba irrefutable. Debe existir un procedimiento para impugnar falsos positivos, distinguir autocustodia de servicios intermediados y evitar que una transacción pequeña active el mismo tratamiento que una operación compleja de alto riesgo.

4. Protección del usuario que pueda hacerse valer

La protección no se agota en un mensaje de “juega responsablemente”. Requiere reglas sobre saldo, retiros, bonos, publicidad, conflictos de interés y tratamiento de quejas. Los términos deben explicar límites, causas de suspensión y tiempos de respuesta en lenguaje comprensible. Si una cuenta se restringe, el operador debe comunicar el fundamento y mantener un canal de revisión.

Proponemos métricas públicas: tiempo medio de retiro, reclamaciones recibidas y resueltas, cuentas autoexcluidas, incidentes de seguridad y sanciones. Los datos agregados permiten comparar desempeño sin exponer información personal. Un mecanismo independiente de resolución de controversias reduce el coste de reclamar y produce evidencia útil para actualizar la regulación.

5. Juego responsable verificable

La autoexclusión debe funcionar entre marcas relacionadas y no depender de que la persona recuerde cada cuenta. Los límites de depósito y pérdida deben ser fáciles de activar y más difíciles de elevar de forma impulsiva. La detección de patrones de riesgo puede ofrecer pausas y recursos, pero no debe utilizarse para perfilar comercialmente a personas vulnerables.

Los registros distribuidos pueden ayudar a verificar que una exclusión está vigente sin publicar la identidad del usuario. No son una solución automática: se necesitan gobernanza, recuperación, minimización de datos y una autoridad responsable. Cualquier piloto debe compararse con alternativas más simples y someterse a evaluación independiente antes de convertirse en obligación general.

6. Fiscalidad sostenible, evaluación y revisión

La carga fiscal debe medirse sobre una base clara y considerar premios, promociones y costes de cumplimiento. Una tasa nominal elevada no garantiza mayor recaudación si reduce la canalización hacia operadores autorizados. La autoridad debe publicar metodología, ingresos efectivamente percibidos y participación del mercado regulado, evitando usar proyecciones como resultados.

Toda norma tecnológica envejece. Proponemos revisión periódica con consultas abiertas, datos anonimizados y evaluación de impacto. Los cambios urgentes deben tener fecha de caducidad o ratificación. El éxito no se mide por número de prohibiciones, sino por menos fraude, más reclamaciones resueltas, mayor canalización, mejor recaudación neta y reducción demostrable de daño.